martes, 20 de marzo de 2012

Marcha por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral

DECLARACIÓN DE LA MARCHA POR LA RESISTENCIA, LA DIGNIDAD, EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Las hijas e hijos de la Madre Tierra y del Maíz, nos hemos juntado en la tierra de Manuel Tot para iniciar una marcha desde estas tierras hacia la Ciudad Capital donde se encuentra la sede de los poderes, para que nuestra voz y nuestra demanda sean escuchadas.
Realizamos esta marcha por la urgente necesidad de resolver las demandas agrarias por parte de las comunidades indígenas y campesinas, por que se respeten los territorios y la Madre Naturaleza en todos aquellos lugares en donde se ha dicho que no queremos empresas mineras, petroleras, de construcción de megaproyectos o monocultivos; para que se detenga la persecución en contra de los que luchamos por nuestros derechos, por la condonación de los préstamos otorgados por medio del Fondo de Tierras y por la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral.
Desde hace varios años y de muchas formas hemos dado a conocer estas demandas y planteamientos. Hemos advertido que las medidas y decisiones que empresarios y gobernantes están tomando, ha llevado a nuestro país, a nuestras comunidades y a nuestras familias a una situación donde se profundiza la injusticia, la pobreza, los despojos y la violación a nuestros derechos individuales y colectivos.
Con estas decisiones se está entregando nuestras tierras, territorios y bienes de la Madre Naturaleza a las empresas nacionales y extranjeras.  Para impulsar este nuevo despojo,  se están aprobando leyes que solo protegen los intereses de los poderosos y las instituciones del Estado se han puesto al servicio de los empresarios y de políticos que buscan quedarse con una tajada de estos negocios.
Hacemos esta marcha a un año que el anterior gobierno desalojó a cientos de familias Q’eqchi’s en el Valle del Polochic, para favorecer la presencia y negocios del ingenio Chabil Utzaj.  A partir de esos desalojos se desató una serie de amenazas, intimidaciones, ataques y asesinatos contra las comunidades. Ha pasado un año y nada se ha hecho ni por el anterior, ni por el actual gobierno. Ha sido un año de no tener vivienda, de ver los cultivos destruidos una y otra vez, de padecer enfermedades y desnutrición severa y de no tener seguridad. Por eso muchas familias que fuimos desalojadas estamos participando en esta marcha.
El que éste gobierno no se haya preocupado ni haya dado un paso para resolver la problemática de la tierra en el Valle del Polochic, es una muestra más que se está dando continuidad a las políticas del gobierno anterior. El único cambio es el estilo de gobernar. El gobierno de Pérez Molina ha dejado claro, desde el inicio de su gobierno, que las empresas mineras tienen todo su apoyo, que va abrir las puertas de par en par a las empresas nacionales y extranjeras, sin importarle que se violen los derechos de las y los  guatemaltecos. Para garantizar esos intereses está recurriendo a la militarización expresada en la participación permanente del ejército en tareas civiles y la subordinación de la policía a los militares, el reclutamiento militar, las reservas militares, la instalación de destacamentos y brigadas, en territorio de los pueblos originarios, tomando como pretexto el combate a la delincuencia.
También ha dejado claro que su estilo de gobernar es la imposición; así lo demostró con la designación de la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer, con la elección de los gobernadores, imposición de COCODES, la aprobación apresurada, en el Congreso de la ley de actualización fiscal, los acuerdos con la empresas mineras que pasan por encima de las más de 60 consultas comunitarias y con las expresiones que ha tenido hacia distintos sectores que han dado a conocer sus demandas.
Sin embargo de nuestra parte está la justicia y la razón. Para empezar nos movilizamos con fundamento en los derechos de organización, emisión del pensamiento y de manifestación que, según la Constitución no puede ser disminuido, restringido o coartado. Estamos en esta marcha porque vivimos en las tierras de nuestros antepasados y que hoy están amenazadas por la presencia de las empresas. Nos resistimos porque se está afectando nuestra forma de vida con la destrucción y contaminación de ríos y fuentes de agua; con la destrucción de bosques y montañas.
Estamos defendiendo el presente y futuro de la mayoría de las familias de Guatemala y del planeta en general y para mantener la posibilidad de producir nuestro alimentos, cuando decimos que no queremos minería por la destrucción que provoca en los lugares donde vivimos, que no aceptamos la construcción de hidroeléctricas que inundarán nuestras tierras para entregar la energía a empresas extranjeras o bien, que para combatir el hambre y desnutrición lo que urge es tierra para sembrar y no bolsas de alimentos o nuevos despojos de tierras para sembrar caña de azúcar o palma africana.
Estos planteamientos los hemos hechos una y otra vez y la única respuesta que hasta ahora hemos encontrado han sido las falsas acusaciones, las órdenes de captura y los juicios sin seguir el debido proceso; los desalojos, la persecución, represión, ataques e intimidaciones.  La prueba más clara han sido, no solo los desalojos en el Polochic, sino más recientemente, los órdenes de captura en el Norte del Quiché, los desalojos contra la comunidad Xinca en Xalapán, las acusaciones, capturas y campañas sucias contra las comunidades de San Juan Sacatepéquez. En distintas partes del territorio nacional autoridades tradicionales, comunidades y organizaciones están elevando su voz para expresar que no queremos más despojos en nuestros territorios.
Por eso, ahora nos hemos unido comunidades de pueblos originarios y campesinas, organizaciones y personas de que aman Guatemala, y todas y todos juntos nos dirigimos para que juntas nuestras voces se escuchen más y se nos dé respuesta, pero también porque nos preocupa el cierre de espacios y de diálogo con la sociedad civil que este gobierno, apoyado por los empresarios interesados, están haciendo, lo que nos haría retroceder a los tiempos de la represión y militarización que vivimos recientemente.
Hoy dejamos claro cuáles son nuestros planteamientos porque al llegar a la ciudad capital queremos respuestas de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público.
  • Demandamos que se aborde con seriedad la problemática de la tierra.
Se debe detener la concentración y reconcentración de tierra que está dejando sin posibilidad de producir a miles de familias campesinas. Una de las principales razones por la que hay hambre y desnutrición en nuestro país, es la gran injusticia en la forma como está distribuida la tierra. Pocas familias concentran mucha tierra y millones de familias no tienen ni siquiera dónde producir sus alimentos.
El Estado sigue teniendo en su poder fincas y no existe razón para que las siga manteniendo, lo que se debe hacer es entregarlas a familias y comunidades indígenas y campesinas. En concreto demandamos que resuelva el problema de la tierra en Alta Verapaz, en particular en el Valle del Polochic, Cobán, Chisec y Carchá; en el Norte de El Quiché y Zacualpa; Santa María Xalapán, Petén, Sierra de Santa Cruz y en otros lugares más donde se están dando en la actualidad despojos de tierras.
  • Demandamos la condonación total y definitiva de la deuda agraria.
Se debe anular las deudas que tienen comunidades campesinas producto de los préstamos otorgados por el Fondo de Tierras. En distintas ocasiones los gobiernos han salido en auxilio de los empresarios tal y como sucedió con la crisis de los precios internacionales del café o con la quiebra financiera de varios bancos. Ya es hora de que el Estado responda a las necesidades de las mayorías necesitadas.
  • Exigimos que terminen los desalojos, la persecución y criminalización.
Los desalojos, la persecución en contra de líderes y lideresas indígenas y campesinos, las falsa acusaciones, las actuaciones parcializadas de jueces y fiscales del MP a favor de las empresas, las órdenes de captura y juicios amañados, la intimidación y ataques en contra de miembros comunidades y organizaciones, así como los asesinatos y allanamientos, deben terminar. No es posible que continúe la impunidad de los asesinatos que se han cometido en contra de indígenas y campesinos y que los victimarios estén moviéndose libremente con total impunidad. Que se respete y aplique el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos 67 y 68 de la Constitución de la República.
  • Cancelación de las licencias mineras de exploración y explotación minera, petrolera,  la construcción de hidroeléctricas y el impulso de monocultivos.
Decenas de miles de personas en cientos de comunidades así como organismos de Naciones Unidas han expresado que la explotación minera debe terminar. Demandamos que se respeten los resultados de las consultas comunitarias y se cancelen las licencias mineras en Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa y Guatemala, incluyendo San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Apoyamos y respaldamos el recurso de inconstitucionalidad a la ley actual de minería presentada recientemente por el Consejo de los Pueblos de Occidente.
  • Exigimos la aprobación de la Leyes en beneficio de los pueblos y comunidades empobrecidos.
Desde hace doce años venimos planteando y participando en un proceso que dio lugar a la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, iniciativa 4084 que, desde el gobierno anterior, se encuentra engavetada en el Congreso. Ya es tiempo de que se apruebe esa ley, tal y como se propuso por las organizaciones de la sociedad civil.
Demandamos una nueva política agraria que posibilite el acceso a la tierra, sin la utilización de los mecanismos de mercado, la aprobación de los códigos agrario sustantivo y procesal, así como los correspondientes tribunales agrarios y la creación de la Procuraduría Agraria que lleve a finalizar la criminalización de las demandas indígenas y campesinas. También exigimos la aprobación de la Ley de Radios  Comunitarias.
Muchas veces hemos hecho estos mismos planteamientos, nos hemos expresado en distintos espacios, por lo mismo, al llegar a la Ciudad Capital, el día Wajxaqib’ B’atz, tengamos respuesta concreta a nuestras demandas.
Que Amanezca, que Llegue la Aurora
Cobán, 19 de enero de 2012

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